Desde el pasado 17 de enero y hasta el 15 de febrero se lleva a cabo un debate cuyo eje central es la Reforma Eléctrica propuesta por el Poder Ejecutivo. El llamado parlamento abierto, organizado por la Cámara de Diputados, ofrece 15 mesas de discusión y las transmite de manera íntegra por el Canal del Congreso.
Adicionalmente, el contenido de dichos foros es sintetizado en decenas de medios de comunicación –mayormente públicos-, comentado por periodistas y articulistas interesados en el tema, así como reproducido –entero o por fragmentos- en redes sociales y puesto a disposición de todos y todas en el sitio web de la Cámara de Diputados.
Quienes no se interesan en el tema, o deciden ignorarlo ante arraigados prejuicios, se están perdiendo de una excelente oportunidad para ampliar y enriquecer sus ideas sobre el tema que será central en los próximos días en el Poder Legislativo.
Al momento de redactar estas líneas hemos visto en el parlamento abierto personas de todas las esferas de la vida en México: políticos, académicos e investigadores, empresarios, consultores y especialistas en el tema.
Los debates están estructurados en dos ejes: los que están a favor y los que están en contra de la reforma propuesta. Cada una de las mesas llevadas a cabo hasta ahora fue rica en información, análisis e interpretaciones de una reforma que, según las encuestas, posee un mayoritario apoyo de la población mexicana.
Destaca, del lado de los defensores de la propuesta del Ejecutivo, el enorme apoyo que posee entre académicos e investigadores de alta especialidad en el tema. Las críticas a la reforma previa (2013) así como la visión de futuro que consideran riesgosa de no aprobarse la reforma, son argumentos centrales para defender una tesis: los bienes estratégicos para el funcionamiento de un país (alimentos, energía, entre otros) deben permanecer bajo el control estatal para asegurar independencia.
Una premisa de fácil comprensión: una nación dependiente en sus insumos estratégicos de manos no nacionales corre el riesgo de ver comprometida su soberanía. El ejemplo más publicitado es el drama español o el italiano que “ahoga” a la población en cobros excesivos de luz por estar ésta en manos privadas.
Los inconformes con la propuesta son, en conjunto, un fenómeno particular. La predominancia del discurso entre quienes desaprueban es una visión corporativa. Gran parte de ellas y ellos defienden como tesis central los intereses de inversionistas de todo el mundo.
Sin anteponer el interés nacional y/o el interés de la población, este grupo destaca por una elevada cantidad de exfuncionarios públicos convertidos a personal defensor de intereses empresariales o de grupos privados así como la presencia de grupos y/o asociaciones que aparecieron de quién sabe dónde para defender esa postura. Más que especialistas, algunos parecen cabilderos.
Un vistazo general al parlamento abierto sobre la reforma eléctrica nos muestra un ejercicio completo, complejo y necesario para abandonar el repetido y no del todo veraz discurso de los medios corporativos y la comentocracia: “va a subir la luz”, “se ignoran las energías limpias”, “es un retroceso” y más simplificaciones de un suceso de profundidades políticas, económicas y sociales para el futuro próximo.