Circulan en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2020, poco más de 50 millones de autos. Del total del parque vehicular registrado, el Estado de México encabeza la lista del padrón con 7.3 millones de unidades.
Al ingresar a la base de datos disponible en el portal de la Secretaría del medio ambiente del Estado de México sobre los verificentros registrados, el sistema arroja un total de 157 verificentros. Desconocemos si este sea el total de unidades de este tipo de negocio.
Si de la totalidad del parque vehicular en el Estado de México la mitad, es decir 3 millones 650 mil autos, pagan “el brinco” a los verificentros (los montos van de los 200 a los 350 pesos, según notas elaboradas por Animal Político, El Financiero, Publímetro y decenas de medios locales impresos y digitales) hablamos de cantidades estimadas en 730 millones de pesos.
Pagar “el brinco” es asegurarse de que el vehículo contará con una calcomanía con un cero o doble cero, más allá de los indicadores de las máquinas verificadoras así, la medida que busca reducir la emisión de contaminantes no cumplirá el objetivo para el que fue creada.
En esta práctica, cuyas historias pueden rastrearse en los archivos digitales desde hace por lo menos una década, no es exclusiva del Estado de México pero el tamaño del parque vehicular de esta entidad así como los montos que pueden jugarse nos invitan a pensar la verificación vehicular.
Los visiblemente involucrados son hombres y mujeres que consienten el proceso en la recepción automotriz, y luego la persona que en la caja de pagos recibe “el brinco”, pero ¿son ellas y ellos los beneficiarios finales?
Si escalamos nuestros supuestos llegaríamos a la red de dueños y/o inversionistas de los centros de verificación, o quizá a las y los responsables de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe).
No perdamos de vista que este círculo comienza en el usuario que accede al pago del “brinco” pero, según las crónicas de usuarios registradas en medios, los dueños de los vehículos se ven atrapados en la práctica pues los operadores y operadoras de los verificentros NO pasan sus autos si no hay “brinco”.
¿En dónde están esos estimados 7 mil 300 millones de pesos?, es dinero en efectivo que alguien guarda y usa ¿para qué?, ¿cuántos escalafones de qué instituciones reciben esos recursos?