De los tres poderes que conforman al Estado Mexicano, el Poder Judicial es el único cuya elección de ejecutores/as no depende de la elección popular. Esto no lo hace menos relevante ni ilegítimo, pero le da características particulares.
Mientras que el Ejecutivo y Legislativo están sujetos a una fiscalización popular dependiente del voto ciudadano, el Poder Judicial puede ser verificado por otros sistemas de transparencia respecto a sus resultados, no la ciudadanía de manera directa.
En principio, este es el poder del Estado más débil para una democracia directa y participativa pero en ello radica su legitimidad: el Poder Judicial no está sujeto a los vaivenes políticos de temporada y garantiza el cumplimiento de la ley, independientemente de las pugnas de los grupos políticos tras el poder.
Solo que una revisión histórico-crítica nos mostrará a las cortes y sus ejecuciones –en el tiempo y en el mundo- en la delgada línea del fallo por presión, por intereses de grupos de poder económico o político y como actores que validan asuntos que en el devenir histórico no fueron las mejores.
Para el caso mexicano, en un vistazo de los últimos 50 años, destacará un Poder Judicial supeditado al Poder Ejecutivo, mayormente. En la memoria de corto plazo rescatamos al presidencialismo mexicano del Partido Revolucionario Institucional (PRI) echando mano del Poder Judicial para abrir, cerrar, validar, invalidar, detener y acomodar leyes y juicios.
En el momento presente hablar de Justicia, desde el Poder Judicial y desde la mayoría de la población mexicana, es hablar de nada o de muy poco. Las expectativas de las personas en relación al Poder Judicial quedan lejanas a los resultados percibidos, independientemente de lo mucho que el Poder Judicial haga o diga que haga. Pocos ven la relevancia de los casi 50 mil salarios (INEGI, 2019) que pagamos las y los mexicanos en esta estructura.
En la sumatoria de los años recientes aparecen en el Poder Judicial escándalos de corrupción y, sobre todo, tráfico de influencias. Todas documentadas, algunas aclaradas. Medina Mora está entre los recientes –y aún no aclarado- pero otras “menores” como el nepotismo que favorece a familiares y amigos desde o para ser parte de dicho Poder son tema recurrente, tanto como los más de 63 mil millones de pesos ejercidos en el 2019 (INEGI).
El Poder Judicial está a juicio pues es usado por una oposición –en su legítimo derecho- molesta por perder poder y políticamente incapaz de estructurar un proyecto alternativo tras lo cual ha optado por “usar” al Poder Judicial para materializar su deseo de frenar el proyecto de país de quienes gobiernan actualmente.